Esa inmoral forma de obrar, se ha llevado al extremo de también usar los actos públicos en beneficio propio. En algunos casos se les llama “politizar los actos”. Es complicado demostrar al 100% de las personas que un acto está siendo politizado o usado de forma partidista, porque siempre hay alguien que estará de acuerdo con ese uso. Pero si analizamos el uso de los recursos o actos públicos, de una forma estricta y vigilando que intereses defiende, detectaremos cuándo un recurso o acto está siendo usado de forma partidista.
La declaración constitucional de “objetividad de la administración” recogida en el artículo 103.1 de la CE, ya recoge que la administración debe obrar de forma objetiva. Recordad que objetividad significa “perteneciente o relativo al objeto en sí" y no a nuestro modo de pensar o de sentir. Lo cual implica una actuación “desinteresada”, esto es, al margen de consideraciones o preferencias personales.
El gobierno de Cambrils con sus partidos independentistas al frente y el apoyo innegable del PSC es un mal ejemplo de objetividad. La señora Mendoza, alcaldesa de Cambrils, utiliza descaradamente cualquier momento para hacer campaña, publicidad o limpieza de imagen de su partido o su causa.
Ha habido momentos muy penosos, como cuando la alcaldesa utilizó durante el 2018 el acto de celebración del 60 aniversario de decenas de cambrilenses para en su discurso mencionar a Otegui o Pilar Raola como ejemplos de cumpleañeros. Resulta que no había muchos más.
Es lamentable que actos festivos, eventos deportivos, o ferias locales, se utilicen de forma partidista apartando así de su celebración o disfrute a miles de ciudadanos que piensan diferente. Para hacer campaña o publicidad política hay muchos momentos, y los políticos tenemos la responsabilidad de saber cuándo toca y cuándo no. Lo contrario es ser un irresponsable.
Nada me sorprende ya del caduco gobierno independentista. El último caso que quiero resaltar es un ejemplo de uso particular y propio de los recursos “de personal” y que también vulnera la imparcialidad y neutralidad de los empleados públicos. Sucedió durante el último pleno del año, pero seguramente ha sido la tónica de todo el mandato. Por lo visto el regidor de Hacienda recibía correos electrónicos de un trabajador municipal durante el debate de presupuestos con lo que debía contestar. Cabe especificar que era personal funcionario o laboral, pero no un cargo de confianza. Hago esta aclaración porque un cargo de confianza puede realizar esas funciones, pero el personal funcionario o laboral, que ocupan puestos de técnico o administrativos en nuestro ayuntamiento, no deben dedicar su tiempo laboral a visionar un pleno para asesorar insitu al regidor incapaz de defender sus decisiones. Este personal debe dedicarse a prestar servicios a los ciudadanos y si el regidor necesita alguien que le diga qué tiene que decir que se lo pague de su bolsillo. Por eso para mí es un claro ejemplo de utilización de los recursos de forma partidista además de una falta de neutralidad evidente y lo peor, de respeto al resto de regidores.
