El que fue presidente del comité de empresa del Instituto Municipal de los Servicios Sociales de Tarragona (IMSST) ha declarado en la sesión de este viernes del juicio del caso Inipro que cuando vio por primera vez una factura le sorprendió la elevada cantidad del importe -unos 8.000 euros mensuales- y que tenía un concepto "ambiguo". El extrabajador ha explicado que fue él quien se percató de los pagos por unos servicios que, según ha dicho, otros empleados de los servicios sociales no sabían si se prestaban. También ha declarado Laia Estrada, exconcejala de la CUP , formación que llevó el caso a fiscalía. Apuntó que les llegaron "informaciones" de posibles irregularidades, algunas por parte de empleados, y que acabaron denunciándolo.
El expresidente del comité de empresa del IMSST entre 2010 y 2013 ha expuesto, a petición de fiscalía, cómo empezó a sospechar que podrían haberse cometido irregularidades con la empresa Iniciativas y Programas (Inipro) y los propios servicios sociales. Todo empezó, dijo, en agosto de 2012 cuando se produjo una reunión en la sede del organismo municipal en la que le sorprendió la camaradería entre dos de los encausados y el entonces gerente de los servicios sociales, Antonio Muñoz, también acusado.
Tras esa reunión, Muñoz pidió a una administrativa que registrara una factura. «Ella preguntó a qué correspondía, porque era cuantiosa y el concepto no estaba claro» pero la respuesta del gerente se limitó a obedecer. «Ese día vi la factura y de concepto había algo ambigua tipo 'servicios prestados proyecto asociacionismo recién llegados Tarragona'», ha declarado. El testigo ha destacado que le sorprendió que el importe eran unos 8.000 euros por sólo un mes de trabajos, en un contexto en el que los trabajadores "tenían los sueldos recortados, los planes de pensiones estaban congelados y no se cobraban pagas extras".
A partir de entonces, ha dicho que se dedicó a indagar a qué hacía referencia la factura. «Ningún trabajador sabía de dónde venía. Encontré que era el mismo 'modus operandi' lo habían utilizado en Viladecans y otros lugares en el 2008, y que el difunto gerente de Inipro era un cargo socialista; me sorprendió, eran muchas casualidades», ha afirmado.
El momento que encontró más destacado fue durante el consejo rector del IMMST de marzo de 2023, en el que participaba como miembro del comité de empresa. En la reunión, en la que participaban los máximos responsables del organismo y representantes de los distintos partidos políticos del ayuntamiento, se presentó la liquidación del presupuesto del año anterior. Allí pudo ver las facturas mensuales de Inipro. "Cuando le pregunté a Muñoz, entonces PP y CiU se interesaron por el tema", ha comentado.
Asimismo, indicó que unos días después, Muñoz y la entonces consejera de Servicios Sociales, Victoria Pelegrín, le echaron en cara la actitud al consejo. «Me recriminaron lo que pasó. No sé si amenazar, pero me dijeron que no permitirían que aquello se repitiera, que no era de recibo que la información trascendiera. Me sorprendió porque la información era pública y les invité a que me denunciaran o sancionaran, pero no lo hicieron», ha destacado. Asimismo, ha asegurado que nunca hizo ninguna copia de ningún documento.
Más adelante, siguió consultando documentación pública del IMSST. "En el resumen económico de 2012 vimos un párrafo que decía que la documentación de Inipro se había hecho de forma poco ortodoxa, y que el contrato se había prorrogado de forma irregular", ha especificado. En algunos casos de memorias de años anteriores llegaron a localizar facturas por valor de más de 15.000 euros mensuales.
Durante la sesión, las defensas de los acusados han cuestionado el relato del expresidente del comité de empresa, especialmente en lo que se refiere a la naturaleza y necesidad del contrato entre el IMSST e Inipro, que habría servido para fomentar el asociacionismo entre las personas recién llegadas. El testigo ha reconocido inicialmente que no vio el expediente que fundamentaría la contratación del servicio y por eso uno de los letrados le ha preguntado: «si no lo vio, ¿cómo sabía si la contratación era necesaria?». En este punto, ha respondido que observó documentación porque le dejaron ver a partidos políticos de la oposición: "no recuerdo mucho qué se decía", ha indicado. Otro de los letrados ha incidido en que con 8.000 euros al mes se podrían haber contratado a tres personas para realizar las tareas encomendadas desde el ente público, para justificar la inocencia de algunos acusados.
Conversaciones con la CUP
Meses después, y con más información recopilada, el trabajador explicó que se dirigió a la CUP para informarles de los hechos y que mantuvieron reuniones. Una información que, un rato después, ha reafirmado a la exconcejala cupero Laia Estrada. La CUP, que llevó el caso a fiscalía, es también acusación popular en el juicio.
Estrada ha reconocido que mantuvieron "dos o tres reuniones" con el expresidente del comité para analizar la documentación. Una información que, de entrada, les llegó a través de un correo electrónico anónimo, por correo postal sin remitente y por prensa, principalmente. A raíz de esto buscaron apoyo jurídico y lo denunciaron. Años después, cuando ya tenían representación en el ayuntamiento, Estrada ha indicado que consideraron que el entonces gobierno del PSC no les facilitaba la documentación y les ponía «palos en las ruedas».
Años después, entre 2019 y 2023, el ex representante de los trabajadores del IMSST acabó ejerciendo de secretario del grupo municipal de la CUP en el Ayuntamiento de Tarragona, tras superar un proceso interno como trabajador del consistorio.
Una gerente sorpresa por el desorden
En la sesión de este viernes también ha declarado como testigo la que fue gerente del IMSST entre septiembre de 2013 y hasta mediados de 2018, justo después de la dimisión de Muñoz. La técnica ha explicado que cuando llegó al cargo se encontró al organismo muy desordenado. «Cuando llegué a la situación era complicada, finalizaban muchos servicios en poco tiempo. Si teníamos 120 trabajadores, más de 30 terminaban contratos a finales de año. Me tuve que centrar en estabilizar la parte de prestación obligatoria -teleasistencia o servicio de atención domiciliaria-, indicó.
Respecto al expediente de Inipro también ha expresado estupefacción por el hecho de que se encontró el expediente de contratación en el despacho. Un lugar que no correspondía, puesto que debería haber sido archivado con el resto de la documentación municipal. Preguntó qué hacer a otro responsable y le aconsejaron que no le tocara de sitio. Finalmente, la documentación la acabó encontrando la policía cuando cacheó la sede, también en el despacho, años después.
En cuanto a la razón de la contratación de Inipro, el asociacionismo de personas migrantes, la gerente ha indicado que «nunca nadie planteó» que debiera seguir realizándose esta tarea, una vez finalizó la relación con la empresa investigada. Si así hubiera sido, la indicación que habría recibido habría sido política. En este sentido, ha dejado claro ante el tribunal que la labor de la gerencia es "impulsar" que se hagan los proyectos a nivel administrativo, pero "no participaba en la contratación. "Las facturas las firmaba el técnico y yo las revisaba", ha subrayado.
