La declaración de Francisco Pérez, presidente de la Asociación de Vecinos del Pilar y exvicepresidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Tarragona, ha aportado al juicio del caso Inipro el testimonio de una de las entidades que mantuvieron contacto con los trabajadores del servicio de mediación. Su intervención ha puesto el foco en las necesidades del barrio, las reuniones celebradas y la utilidad de ese trabajo para abordar los problemas de convivencia.
Pérez ha explicado que Alejandro Caballero y Judith Cepero acudieron en numerosas ocasiones a reunirse con él para tratar cuestiones relacionadas con la inmigración y la convivencia entre vecinos de culturas distintas. Según su declaración, los encuentros permitían trasladar los problemas que detectaba la asociación y revisar, en reuniones posteriores, cómo habían evolucionado.
El representante vecinal ha valorado que esta labor había ayudado al barrio. No la ha presentado como solución definitiva a todos los conflictos, sino como una aportación útil ante situaciones que requerían diálogo, seguimiento y mediación.
También recordó la presencia de otros dos trabajadores, aunque entendía que las personas que asistían a aquellas reuniones trabajaban para el Ayuntamiento. Su percepción era que se trataba de un servicio municipal que atendía a una necesidad planteada por el propio movimiento vecinal.
Esta demanda constituye otro de los elementos relevantes de su testimonio. Pérez ha explicado que las entidades vecinales habían reclamado a los concejales de barrio y al alcalde programas de mediación para mejorar la convivencia. La llegada de población de orígenes diversos había generado nuevas necesidades y dificultades de entendimiento que las asociaciones pedían abordar con acompañamiento y trabajo sobre el terreno.
En cuanto al alcance del servicio en otros barrios, el testigo ha diferenciado lo que conocía directamente de lo que suponía. Ha relatado las reuniones mantenidas con su asociación, sin asegurar cómo se desarrollaba su trabajo con otras entidades.
Su declaración aporta así una experiencia concreta: reuniones reiteradas, problemas de convivencia identificados y un seguimiento que, según su valoración, contribuyó a mejorar la situación del barrio.
La sesión también ha incorporado declaraciones sobre el funcionamiento interno del Ajuntament. Pau Pérez ha explicado el circuito de las carpetas y la tramitación administrativa de los expedientes, incluidos los relacionados con el enriquecimiento injusto, de los que ha expuesto varios ejemplos. Asimismo, ha manifestado que nunca vio a trabajadores de Inipro acudir a Alcaldía ni al despacho del jefe de gabinete.
Por su parte, Josep Maria Badia, jefe de Administración de Alcaldía, ha explicado que tenía las competencias administrativas. Según ha declarado, cuando recibía expedientes con advertencias relacionadas con el enriquecimiento injusto, pedía explicaciones a los organismos correspondientes. Éstos le confirmaban que los trabajos se habían hecho, y así lo trasladaba al alcalde. También ha afirmado que nadie le pidió dar a esas carpetas un trato distinto al del resto.
Por último, las defensas han puesto de manifiesto que el perito del Estado había elaborado su informe con documentación incompleta enviada por el juzgado. Señalaron memorias a las que faltaban páginas y actas, fotografías y correos de trabajo que el experto no había examinado. El perito precisó que no negaba que los trabajos se hubieran realizado, sino que no podía acreditarlos con la información que había recibido.
