Pilar Samitier, Andrea Suñé, Lila Messibah y Ainhoa Valencia han descrito actividades realizadas por trabajadores de Inipro en los servicios municipales de inmigración. Hace unos días, los responsables de la investigación reconocieron durante el juicio que no habían considerado necesario interrogar a los profesionales de la UTIC , la unidad donde se desarrollaban buena parte de los trabajos. El juez instructor también rechazó inicialmente nuevas declaraciones, que finalmente fueron autorizadas por la Audiencia Provincial.
El juicio del caso Inipro ha incorporado a cuatro testigos de trabajadoras municipales que ponen en entredicho parte de las tesis sostenidas sobre la supuesta inexistencia de trabajos realizados por los empleados de la empresa en los servicios municipales de inmigración de Tarragona.
Las declaraciones de Pilar Samitier, Andrea Suñé, Lila Messibah y Ainhoa Valencia han aportado información directa sobre las actividades desarrolladas, las reuniones de coordinación, la atención a personas inmigradas y la participación en distintos proyectos comunitarios.
Sus testigos adquieren especial relevancia porque una parte de la investigación se fundamentó en declaraciones de trabajadores municipales que aseguraban desconocer las actividades de Inipro, aunque algunos pertenecían a departamentos que no tenían una relación directa con la Unidad Técnica de Inmigración y Ciudadanía (UTIC).
Esta circunstancia es uno de los elementos que destacan las defensas, que consideran necesario contrastar las conclusiones de la investigación con las explicaciones de los profesionales que conocieron directamente a los servicios prestados.
Ainhoa Valencia recuerda con precisión los trabajos de 2012 y no recuerda las consultas del comité de empresa
Una de las declaraciones más significativas de la jornada de hoy ha sido la de Ainhoa Valencia, trabajadora de la UTIC, quien ha explicado con detalle las tareas que desarrolló con Cecilia Mangini y Mario Burzuri durante el 2012, tras reincorporarse de su baja por maternidad.
La testigo ha descrito actividades de asesoramiento a personas inmigradas, elaboración de informes, soporte en trámites administrativos, acompañamiento y coordinación con los servicios municipales.
Valencia recordó una colaboración continuada durante ese año y explicó que, cuando los trabajadores dejaron de prestar sus servicios, algunas de las funciones que desarrollaban tuvieron que ser asumidas por el personal municipal.
También ha reconocido haber visto, antes de su baja por maternidad en 2010, personas como Basile, Juan Carlos y Cecilia participando en actividades relacionadas con la Feria Intercultural.
Sin embargo, en este punto ha introducido un matiz importante. La testigo precisó que no podía determinar si aquellas personas participaban en ella como trabajadores que colaboraban con los servicios municipales o como miembros de las asociaciones implicadas en la organización de las actividades.
Uno de los momentos destacados de su comparecencia se ha producido al ser preguntada por las consultas que supuestamente le hicieron miembros del comité de empresa.
Valencia ha manifestado que no recuerda haber mantenido conversación alguna con el comité sobre estos trabajadores. Además, explicó que hace aproximadamente una o dos semanas una miembro del comité le recordó que sí habían hablado de este asunto años atrás.
Sin embargo, la testigo ha mantenido que no recuerda aquella conversación.
Esta explicación introduce una divergencia respecto al relato de los representantes sindicales sobre las comprobaciones que realizaron antes de formular sus sospechas.
La diferencia es especialmente significativa porque Ainhoa Valencia no se ha limitado a reconocer haber visto a los trabajadores en alguna ocasión, sino que ha descrito una colaboración profesional continuada durante 2012 y ha identificado tareas concretas que desarrollaban en coordinación con los servicios municipales.
Cuatro trabajadoras que han explicado actividades y proyectos concretos
Las declaraciones de las otras tres trabajadoras completan la información sobre las actividades desarrolladas por los empleados de Inipro.
Pilar Samitier , que ejercía funciones de conserjería en las dependencias municipales, ha reconocido que veía a Cecilia Mangini y Mario Burzuri entrando y saliendo de las oficinas y participando en la actividad cotidiana del centro.
También ha explicado que no existía un sistema ordinario de fichaje de este personal y que no acudían a diario a las dependencias municipales, una circunstancia que las defensas relacionan con las actividades que se desarrollaban fuera de las oficinas.
Andrea Suñé, vinculada al programa Activo en los Barrios, ha recordado la participación de personal de Inipro en reuniones de coordinación y actuaciones de dinamización comunitaria.
Entre las iniciativas que ha identificado se encuentra el proyecto Escales Actives, que incluía actividades con vecinos, intervenciones en los barrios y reuniones de trabajo. La testigo también ha reconocido documentación relacionada con estas actuaciones.
Por su parte, Lila Messibah explicó que trabajó con Cecilia, Mario y Basile en actividades relacionadas con los servicios municipales de inmigración. También ha aportado información sobre el funcionamiento de los equipos, reuniones de coordinación y diferentes proyectos desarrollados en este ámbito.
En cuanto a Juan Carlos Lozano , cabe diferenciar lo que Messibah declaró durante la instrucción de lo que ha manifestado ahora en el juicio. En su anterior declaración reconoció haber trabajado con él. En cambio, durante su comparecencia actual, ya preguntas de su abogada, ha explicado que han pasado muchos años y que ya no recuerda esa colaboración. Por tanto, no ha negado haber trabajado en él, sino que ha manifestado que actualmente no lo recuerda.
Las cuatro comparecencias han ofrecido perspectivas diferentes, pero han permitido identificar a personas, proyectos, reuniones y tareas profesionales vinculadas a los servicios municipales.
El juez instructor rechazó inicialmente escuchar a nuevos testigos y la Audiencia Provincial autorizó las declaraciones
Las comparecencias han recuperado también una controversia que se remonta a la fase de instrucción del procedimiento.
En enero de 2017, el abogado Paco Zapater, defensor de cuatro investigados vinculados a Inipro, solicitó la declaración de cuatro personas que consideraba conocedoras de las actividades desarrolladas por la empresa.
Entre ellas se encontraban profesionales relacionadas con la UTIC, personal de los servicios sociales municipales y una antigua presidenta vecinal.
El juez instructor, Joaquín Elías Gadea, rechazó inicialmente estas testificales al considerar que eran más propias de la fase de juicio oral.
La defensa recurrió la decisión y la Audiencia Provincial terminó autorizando las declaraciones, que se practicaron durante el 2018, en la fase final de la instrucción.
Este antecedente adquiere ahora una nueva dimensión durante el juicio, después de que distintas trabajadoras municipales hayan explicado actividades concretas realizadas por empleados de Inipro.
Las defensas cuestionan que no se profundizara desde el primer momento en las explicaciones de los profesionales que conocían directamente los servicios de inmigración y que, en cambio, se diera relevancia a testigos de trabajadores de otros departamentos que desconocían estas actividades.
Los testigos directos abren nuevos interrogantes sobre la investigación
El conjunto de declaraciones plantea una cuestión central: hasta qué punto el desconocimiento de determinados empleados municipales permite concluir que una actividad no se realizó, especialmente cuando otros profesionales han explicado haber participado directamente en ella.
Para las defensas, los testigos de las cuatro trabajadoras ponen en entredicho parte de las conclusiones iniciales sobre la inexistencia de trabajos relacionados con el contrato de Inipro.
Las declaraciones no acreditan necesariamente el cumplimiento íntegro del contrato, una cuestión que corresponde determinar al tribunal, pero sí que han aportado información concreta sobre actividades, proyectos y colaboraciones a valorar junto con el resto de pruebas.
La discusión sobre la existencia real de los trabajos es, además, distinta a las posibles irregularidades administrativas relacionadas con la adjudicación o prórroga del contrato.
Más de una década después del inicio del caso, las explicaciones de estas profesionales permiten reconstruir una parte de la actividad cotidiana de los servicios municipales de inmigración y sitúan una cuestión de fondo en el debate judicial: la diferencia entre desconocer que se realizaron determinados trabajos y poder afirmar que estos trabajos no se realizaron.
