La Cámara de la Propiedad Urbana de Tarragona sostiene que la ocupación ilegal de viviendas condiciona el funcionamiento del mercado del alquiler y reduce la oferta disponible en el territorio. Según la entidad, el miedo a sufrir un empleo o la falta de confianza en el sistema jurídico hace que numerosos pequeños propietarios renuncien a poner sus inmuebles en el mercado o sean cada vez más reacios a hacerlo.
Cambios en los hábitos de comercialización
La entidad indica que el fenómeno no sólo tiene consecuencias sobre los propietarios afectados y las comunidades de vecinos, sino que agrava una oferta de alquiler que es ya insuficiente para responder a la demanda existente. Asimismo, aquellos arrendadores que han sufrido una ocupación previa difícilmente vuelven a destinar el inmueble al alquiler o bien extreman las precauciones a la hora de seleccionar a los futuros inquilinos.
Por otro lado, la Cámara señala un cambio en la forma de anunciar las viviendas. Según la organización, cada vez es menos frecuente ver los carteles tradicionales de "Se alquila" en las fachadas o balcones, ya que muchos propietarios prefieren utilizar canales de comercialización más discretos para evitar identificar públicamente que un piso se encuentra vacío.
Protección del derecho de propiedad como política de vivienda
La Cámara de la Propiedad Urbana de Tarragona considera que el debate sobre las dificultades de acceso a la vivienda está vinculado al grado de confianza de los propietarios para poder recuperar su inmueble en un plazo razonable si se produce un empleo sin título habilitante.
Por este motivo, la entidad defiende que las políticas públicas no pueden limitarse a incentivar el alquiler, sino que deben ofrecer una protección efectiva del derecho de propiedad y mecanismos ágiles de recuperación. La organización concluye que restablecer esa confianza es una medida necesaria para evitar que disminuya el número de viviendas disponibles para las familias.
