Se habla mucho de los protocolos de actuación en estos casos y de hecho, fue atendida dentro de la Operación Iglú del Ayuntamiento de Tarragona, que se encargan de asistir a personas sin hogar cuando los termómetros caen en picado. El frío es un factor de riesgo, quizás tanto como el olvido de estas personas, porque aunque se concluya que clínicamente ha sido una muerte natural ―como aseguran algunos medios―, a nivel ético carece de toda naturalidad.

Escuchamos muchas historias de las condiciones de los mendigos y demás personas que están sin un hogar. Desde que algunos se han resignado a vivir así, hasta los que todavía guardan esperanzas por salir de las calles. Sin entrar a hacer juicios de valor sobre hábitos, situaciones psicológicas, errores administrativos o simplemente, malas decisiones, hay un aspecto que nos debería preocupar más allá de la actuación y la prevención y es la responsabilidad colectiva. Reconocer que hay en nuestra sociedad un rechazo hacia el pobre y una exaltación del clasismo. Esto responde al nombre de aporofobia y está tipificado como un delito de odio, aunque no sea tan conocido.

El principal problema no es que de forma individual sintamos cierta empatía o caridad por alguien que nos extiende la mano al salir de un supermercado, sino que la problemática radica en que el rechazo es estructural. El ciudadano no se expone a reconocer que hay un problema en su entorno social y por tanto lo entiende como una contingencia, como excepciones ajenas a la misma sociedad. Esta percepción de la realidad contradice las cifras que el INE arroja: 40.000 personas están sin hogar en el estado español en 2017. Así que tantas personas no pueden responder a casos aislados.

Estamos ante identidades subordinadas, es decir, que se establece una diferenciación interpersonal y relación de poder en el trato con las personas sin techo. Un clasismo casi innato que se desarrolla en una sociedad donde la economía es la principal fuente de poder y el centro cultural de nuestro modo de vida. Los que se quedan fuera del umbral de las mínimas necesidades cubiertas, es decir, los que no llegan a ser considerados ni siquiera parte de las clases bajas, son repudiados por la sociedad en conjunto, aunque no por lo individuos. De ahí el juego de opresión y desprecio hacia el pobre.

Los países neoliberales son un ejemplo de esta brecha social. Esto nos muestra que no solo es un problema de las administraciones, sino que es una cuestión de sensibilización social y pedagogía, entendiendo que los valores democráticos se basan en el respeto y la no discriminación. La actuación civil es tan necesaria, que la omisión solo puede representar un fracaso como sociedad.

Los problemas que fomentan la exclusión social deben ser prioritarios en la agenda política. Una sociedad democrática no se caracteriza solo por las urnas, sino por evitar que las personas queden expuestas a la muerte por no tener un techo en invierno.