La semana pasada, por segunda vez desde los último comicios, fuimos testigos de como Salou solicitaba una Comisión de Investigación para dar luz a una sucesión de sentencias condenatorias que sangran sin piedad nuestras arcas municipales en estos últimos tiempos. Estoy hablando del caso del chalet Villa Enriqueta que ya acumula una reclamación de 8,4 millones de euros al Consistorio por una licencia suspendida por el TSJC por irregularidades. Concretamente, una reclamación de 6,7 millones por parte de Villa Alexander y 1,7 millones por parte de La Piamontesa.
Lo que debería ser un ejercicio de transparencia en cualquier ayuntamiento, se convierte en una negligente falta de responsabilidad por parte de un gobierno municipal cuyo único argumento es tirar balones fuera: ‘las licencias de obra son acciones normalizadas y por tanto decisión de los técnicos’, hemos tenido que escuchar. ¿Qué clase de gobierno tenemos en Salou cuando ante complicaciones millonarias que tienen que pagar lso vecinos su única respuesta es ‘yo no he sido’?
Por supuesto, para conceder un permiso o licencia se debe seguir la normativa vigente y los informes pertinentes se solicitan, realizan y comprueban por los técnicos, pero ¿qué hay que hacer si se quiere llevar a cabo un proyecto el cual se contempla ‘irregular’ por la normativa vigente?, ¿a quién corresponde modificar el Plan Ordenación Urbanístico Municipal (POUM) para que ese proyecto sí pueda llevar acabo? Les puedo asegurar que esta decisión no corresponde a los técnicos.
Y por todas estas preguntas, el título de este artículo. Cuando alguien lleva mucho tiempo empoderado en un puesto de relevancia, al final arrastra todo lo que precede a la formación que representa: errores y negligencias del pasado, metidas de pata propias y las que están por llegar... Un círculo vicioso de compromisos y malas costumbres del que es difícil desentenderse, como decía, los años pesan en la política.