El ex secretario delegado del Instituto Municipal de los Servicios Sociales de Tarragona (IMSST) ha explicado que se hizo un contrato negociado sin publicidad con la empresa Inipro a petición del gerente del IMSST, el acusado Antonio Muñoz. En el primer día de declaraciones del caso Inipro, el ex secretario aseguró que el contrato, que terminaba el 31 de diciembre de 2010, no era prorrogable. "No es normal volver a hacer otro contrato igual porque eso se llama trocear contratos, la ley es muy clara, se hubiera podido hacer un contrato abierto", ha dicho y ha detallado que las facturas se pagaron en concepto de "enriquecimiento injusto" porque el servicio estaba justificado. También declaró el exinterventor que indicó que emitió informes desfavorables.
El ex secretario del IMSST ha explicado que fue el encargado de redactar los pliegos económicos administrativos del contrato negociado sin publicidad con Inipro por la petición del gerente de este servicio municipal y ha señalado que este tipo de contratación sólo podía tener una duración de un año. "No era lo habitual, pero si había urgencia, se había hecho alguna vez, deduzco que se hizo por urgencia", ha apuntado, ya que, sostiene, que seguramente era necesario el servicio y por la vía ordinaria hubiera supuesto al menos un año de tramitación.
A preguntas de la fiscal, el testigo ha detallado que el interventor delegado emitió un informe desfavorable cuando acabó el contrato a finales de diciembre de 2010, al que él se adhirió, puesto que se había terminado el período negociado y no podía prorrogarse. "Como el servicio se justificaba que se había hecho, se pagó -las facturas- por lo que se llamaba enriquecimiento injusto, es decir, cuando se considera que un servicio se ha hecho a la administración y ésta se puede beneficiar de este servicio, sin pagarlo", indicó.
Asimismo, ha subrayado que el contrato, que se suscribió el 1 de septiembre de 2010, tenía la fecha de finalización a finales de diciembre por una cuestión presupuestaria. En su declaración, también ha aseverado que nadie le planteó la ampliación de este contrato una vez terminado o que tuviera que redactarse un contrato abierto. "Lo que no es normal es volver a hacer otro contrato igual porque eso es trocear los contratos, la ley es muy clara, no podemos hacerlos", ha destacado.
El exsecretario ha reconocido que el importe global de las facturas, que ascienden a los 270.000 euros pagados a Inipro, debería haberse hecho a través de un procedimiento abierto. Sin embargo, ha justificado que la contratación se hiciera vía negociada y sin publicidad porque el Instituto Municipal estaba bajo mínimos de personal, ya que en los años 2007 o 2008 hubo dos grandes procesos de regularización de personas migradas y por el hecho de que la administración pública no podía contratar por el contexto de crisis económica.
Las facturas conformadas no se podían devolver
Por su parte, el exinterventor del IMSST, que también declaró a la vista de este viernes, explicó que la propuesta de la contratación de Inipro procedía de la gerencia o de la presidencia de la institución, es decir, del gerente o de la consejera delegada, Victoria Pelegrín, también acusada en esta causa. Según detalló, él emitió un informe de fiscalización favorable el 30 de junio de 2010 y otro el 2 de diciembre del mismo año sobre la contratación definitiva. El testigo ha dicho que desde intervención no eran conocedores de que se hubiera firmado el contrato a principios de septiembre. «Hasta que no hago el segundo informe no debería haberse firmado el contrato», ha subrayado.
En su intervención, ha explicado que Muñoz era quien conformaba las facturas y que una vez lo estaban ya no se pueden devolver y, por tanto, éstas debían abonarse. «Con la conformidad del gerente era suficiente», ha añadido para validarlas. El testigo señaló que una vez las facturas estaban conformadas se enviaban al departamento de Contabilidad y que él preparaba un informe que debía ratificar a la persona competente. "El órgano competente para aprobar la factura, utilizando la vía legal que es el enriquecimiento injusto, era del alcalde", ha dicho.
El exinterventor subrayó que emitió unos seis o siete informes desfavorables porque el contrato no tenía vigencia, pero admitió que era normal que hubiera contratos pendientes de volver a pujarse por el volumen de trabajo que tenían en el IMSST.
Por otra parte, en la primera vista de declaraciones del juicio por el caso Innova también declararon varias trabajadoras del Instituto Municipal de los Servicios Sociales de Tarragona, entre ellas la jefa de administración. La testigo ha señalado que devolvieron la financiación a Inipro porque «es una práctica usual devolver la garantía del contrato cuando éste finaliza». Por último, ha dicho que no era extraño que el regreso se hiciera un año y medio después de la fecha de la finalización del contrato.


